La decisión del Gobierno británico de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años marca un nuevo capítulo en un debate que seguirá creciendo en todo el mundo. Tras Australia, Reino Unido apuesta por una medida drástica para enfrentar una preocupación legítima: el impacto que las plataformas digitales pueden tener sobre la salud mental, la seguridad y el desarrollo de niños y adolescentes.
La inquietud es válida. Los padres observan con preocupación cómo las pantallas ocupan cada vez más espacio en la vida cotidiana de sus hijos. Sin embargo, la pregunta relevante para países como Chile no es si debemos copiar esta medida, sino cuáles de sus elementos realmente ayudan a resolver el problema y cuáles responden más a una señal política que a una solución efectiva.
La prohibición total por edad parece una respuesta sencilla para una realidad compleja. Las redes sociales forman parte del ecosistema digital en el que crecieron las nuevas generaciones. Son espacios de comunicación, aprendizaje, búsqueda de información e incluso desarrollo de habilidades que tendrán valor profesional en el futuro. Pensar que basta con cerrarles la puerta hasta los 16 años desconoce la forma en que hoy se relacionan los jóvenes con la tecnología.
Además, la experiencia demuestra que las prohibiciones absolutas rara vez eliminan una conducta. Generalmente la desplazan hacia espacios menos visibles y más difíciles de supervisar. Cuentas creadas con edades falsas, acceso desde dispositivos de terceros o plataformas alternativas son escenarios previsibles. El riesgo es que terminemos generando una falsa sensación de seguridad mientras el problema continúa existiendo fuera del alcance de padres y educadores.
Donde sí existe una oportunidad de aprendizaje es en las restricciones que apuntan al diseño de las plataformas. Limitar las transmisiones en vivo para menores, bloquear la comunicación con desconocidos, restringir el scroll infinito durante la noche o impedir el acceso a chatbots que simulan relaciones afectivas son medidas que atacan mecanismos concretos de captación de atención y exposición a riesgos.
La diferencia es fundamental. No se trata de prohibir el acceso a la tecnología, sino de regular aquellos elementos que fueron diseñados para maximizar el tiempo de permanencia y generar dependencia. Ningún adolescente necesita recibir notificaciones a las tres de la madrugada para beneficiarse de una red social. Tampoco requiere algoritmos que lo mantengan consumiendo contenido de manera ininterrumpida durante horas.
Sin embargo, incluso la mejor regulación tendrá un alcance limitado si no existe una conversación más profunda en el hogar. Las redes sociales suelen llenar vacíos de tiempo, atención o acompañamiento. Cuando no existen actividades alternativas, espacios familiares o intereses que desarrollen otras habilidades, la pantalla termina ocupando naturalmente ese lugar.
Por eso, el desafío no consiste en elegir entre tecnología o prohibición. Consiste en construir un entorno digital más saludable. Regular los mecanismos que explotan la atención, fortalecer la educación digital y promover un uso acompañado parecen caminos más efectivos que simplemente establecer una barrera de edad.
La discusión que abre Reino Unido es necesaria. Pero el verdadero avance no estará en impedir que los jóvenes entren a una plataforma, sino en exigir que las plataformas dejen de estar diseñadas para capturar su atención a cualquier costo.
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